Por Martín Rosúa, diputado provincial UCR
Los números difundidos en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe son una clara muestra de lo que se puede hacer cuando se articulan políticas públicas entre todos los niveles del Estado. En los ocho primeros meses de 2024 se produjo una baja abrupta de los homicidios, que descendieron un 65%, y un descenso notable en los delitos predatorios.
Los resultados tienen que ver con tres elementos claves que están relacionados entre sí. Antes que nada, la decisión política del gobierno provincial de poner al Estado en el centro de la lucha contra el crimen organizado. En solo tres meses votamos la modificación del Código Procesal Penal; una ley de Inteligencia Criminal inédita para un Estado sub-nacional; la Ley de Narcomenudeo; la ley de Emergencia en Seguridad y la implementación de Juicios por Jurado. Proyectos del Ejecutivo que rápidamente fuimos acompañando desde la Legislatura.
En segundo lugar, la coordinación de recursos y estrategias entre Santa Fe y Nación. El gobierno de Javier Milei, con la ministra Patricia Bullrich, y el gobierno de Maximiliano Pullaro, con el ministro Pablo Cococcioni, están implementando acciones en forma coordinada y sostenida. Algo que no veíamos durante las gestiones anteriores.
Por último, el tercer punto: la ruptura de las trabas ideológicas. Se soltó el ancla que impedía que se tomaran las medidas que los tiempos demandaban para una provincia en emergencia y con una crisis sin precedentes en materia de seguridad. Hablo de ataduras excesivamente garantitas y falsamente progresistas que nos impedían ir contra el delito organizado.
Ahora bien, para sostener estos números e incluso mejorarlo, creo que quedan dos líneas de trabajo. La primera es terminar con la puerta giratoria para los delincuentes, un reclamo histórico de la sociedad.
Por eso propusimos una serie de medidas para evitar que los delincuentes anden sueltos por la calle. Pedimos modificar el Código Procesal Penal para establecer la prisión preventiva ante la reiterancia delictiva.
No podeos permitir que las personas que de manera reiterada aparecen como culpables o investigados por cometer delitos sigan los procesos en libertad.
Además de un marco legal que obliga al juez a dictar la prisión preventiva ante la solicitud del fiscal. Cuando el delincuente ya tiene una condena a prisión efectiva, así sea en primera instancia, el riesgo de fuga crece. No queremos más delincuentes en libertad.
El otro punto pendiente y que debemos saldar en Santa Fe es la ruta del dinero de las organizaciones criminales. Por eso creamos la Agencia anti-lavado para evitar que el dinero ilícito del narcotráfico ingrese a la economía formal.
El delito violento se combate atacando a las estructuras económicas. No vamos a reducir la violencia urbana sin atacar a la economía ilícita que la genera. Todos los niveles del Estado tienen que trabajar para perseguir activamente a los responsables de este tipo de operaciones financieras.
Por eso, en mi mandato como concejal, dimos forma y sancionamos la ordenanza municipal en Rosario para crear la Agencia Antilavado.
Ahora tenemos que contar con la misma herramienta para toda la provincia, articulado acciones con todos los municipios y las comunas de Santa Fe.