La política santafesina está viviendo momentos complejos desde que comenzó a investigarse sobre el juego clandestino, las responsabilidades y el poder. Ahora la lupa está sobre el legislador por el departamento San Lorenzo Armando ‘Pipi’ Traferri.
A partir de la declaración tiempo atrás del empresario del juego Leonardo Peiti en calidad de arrepentido y de todo lo que eso produjo respecto a la imputación del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal, ahora resuena otro nombre conocido y de mucha influencia en el PJ santafesino.
Se trata del senador Traferri que fue uno de los mencionados por Asahad en la presentación que hizo ante la Justicia la semana pasada. Este, lo apuntó junto a otros funcionarios de la estructura del Estado como «integrantes de una asociación ilícita», tal como recita el portal rosarino La Capital en su versión digital.
Por su parte, el representante en la Cámara de Senadores desde hace casi dos décadas del departamento San Lorenzo, se presentó de manera informativa el pasado viernes 11 de diciembre en la sede del Centro de Justicia Penal. El miércoles previo había enviado un correo electrónico donde manifestaba su posición respecto a los hechos de público conocimiento.
Poco después de la visita al CJP de Traferri, uno de los fiscales de la causa, Matias Edery dijo a los medios: «El senador presentó un escrito el miércoles que consideramos inconsistente con la evidencia que tenemos en la causa, por eso le preguntamos si era su voluntad desaforarse y presentarse a una audiencia imputativa. Su abogado dijo que no podía renunciar a sus fueros por sí mismo (el proceso lo debe llevar adelante la Legislatura) para poder llevar adelante la imputación”.
Aportando a lo dicho, otro de los fiscales que es parte del equipo de litigación en la investigación, Luis Schiappa Pietra, mencionó: “No podemos hacerlo (imputarlo) hasta tanto la Cámara de Senadores de la provincia proceda al desafuero, por eso estamos dispuestos a ir hoy mismo al Senado si es necesario para dar las explicaciones por las que consideramos que es necesario el desafuero para poder imputarlo”.
De esta manera, ahora serán los legisladores santafesinos quienes decidan el futuro judicial de la investigación que tiene a uno de sus pares como sospechoso.
Con el desafuero se elimina la restricción procesal que impide que sea juzgado, y se le puede por ende juzgar como a cualquier ciudadano.