“Promover un estado de convivencia en la sociedad santafesina es una de las urgencias de la hora y el gobierno provincial es quien tiene la responsabilidad y las herramientas para ejecutar políticas públicas que garanticen ese bienestar”, dijo Antonio Bonfatti, precandidato a diputado provincial por Acuerdo Progresista -del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe-.
“Convivencia y paz es la respuesta urgente que debe darse a nuestra gente”, destacó el ex gobernador, durante un encuentro realizado en Rosario con militantes y dirigentes de su sector.
Bonfatti subrayó que ese ansiado estado de convivencia reclama un abordaje integral -que incluya políticas públicas eficaces en salud, cultura y educación, entre otros rubros prioritarios- y ponderó las presencias, en las listas de su sector, de especialistas probas en esas materias, como Varinia Drisun (Salud) y Daiana Gallo Ambrosio (Educación), ambas precandidatas a diputadas provinciales.
A sólo días de las PASO en Santa Fe, Antonio Bonfatti, ex gobernador del Frente Progresista entre 2011 y 2015, advirtió sin embargo que la necesaria pacificación en el seno de la sociedad santafesina sólo puede derivar “de una coordinación sensata e inteligente entre las fuerzas policiales federales y provinciales, y de una Justicia Federal que esté a la altura de las circunstancias”.
“Hace diez años –recordó- pusimos en marcha el Plan Abre, convencidos de que ese era el camino correcto: las luchas contra el delito y las bandas tenían que tener un correlato en políticas públicas de inclusión. No en vano los dos ejes de nuestro Plan Abre eran, por un lado, Infraestructura y Hábitat, y por otro Convivencia y Participación”.
Un abordaje integral
En diciembre de 2013, cuando Bonfatti era gobernador, se lanzó el Plan Abre, que propuso una estrategia de intervención integral —sustentada en la coordinación entre Provincia y gobiernos locales— con el fin de mejorar la calidad de vida en los barrios más carenciados de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Tiempo después, esa vasta iniciativa se extendió a Santo Tomé y Pérez.
Los objetivos del Abre, verificados en cuarenta y cinco barrios de esas cinco ciudades, fueron mejorar el cuadro de situación con obras de infraestructura estratégicas, saneamiento y acceso a luz y agua seguras, pero también a través del encuentro, la participación, la gestión cultural y la convivencia en el espacio público. Yapeyú, Acería, Barranquitas y Santa Rosa de Lima (en la capital provincial), y Villa Banana, La Cerámica, Nuevo Alberdi, Ludueña y Empalme Graneros (en Rosario) fueron algunas de las tantas barriadas alcanzadas por el programa.
En su misión de propender a la inclusión social, cultural, educativa y laboral en niños, adolescentes y jóvenes, el Plan Abre instaló hace una década programas derivados de su matriz, que en poco tiempo comenzaron a dar resultados y fueron en su momento ponderados por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Vuelvo a Estudiar, los Centros de Día, el Querer, Creer, Crear, el Nueva Oportunidad, el impulso de la Policía Comunitaria, el fomento de los clubes de barrio o el aliento a la economía social, fueron sólo algunos de esos proyectos.
Policía y Justicia
Al abordar específicamente el tema de la seguridad, Bonfatti dijo que “es mucho lo que puede hacerse desde la Legislatura santafesina en cuanto a promover el estado de convivencia pacífica que necesitamos, ya sea desde la sanción de nuevas leyes, como desde el control de su aplicación por parte del Ejecutivo”. Y ejemplificó: “Así como la Legislatura vota leyes de emergencia en seguridad, también debe controlar lo que sucede con las armas, balas y equipamiento que compra el Estado. Hoy percibimos licitaciones dudosas en la compra de equipamiento y proliferación de armas en barrios como nunca: es urgente un plan de desarme en los territorios más conflictivos”.
Recordó además que durante los gobiernos del Frente Progresista, ley mediante, se creó la Agencia de Decomiso, que permitió expropiar bienes a narcotraficantes condenados, para luego subastarlos: “Esa ley que brindó herramientas al Estado para eso fue algo inédito en el país, Santa Fe otra vez dio el buen ejemplo”.
En materia de Justicia Penal, Antonio Bonfatti sigue recalcando el gran avance que implicó pasar, durante los gobiernos del Frente Progresista, “de los expedientes de papel, sin jueces y fiscales con rostros visibles, al sistema acusatorio, con juicios orales y públicos”. Un sistema al que, según su punto de vista, debe acoplarse el de la Justicia Federal.
“Desde entonces comenzamos a reclamar que la Justicia Federal, responsable de perseguir y enjuiciar los delitos de narcotráfico, debe ponerse en sintonía con esta nueva modalidad… Hoy los fiscales federales necesitan más recursos humanos, técnicos y económicos para enfrentar estas situaciones y hay que proporcionárselos de manera urgente. No dejamos de reclamarle al gobierno nacional —explicó— para que, después de cuarenta años de democracia, refuerce de una vez la Justicia Federal, designando jueces y fiscales para perseguir el narcotráfico”.
“De todo esto podemos deducir una cosa elemental: coordinación. Es imprescindible una coordinación inmediata, con inteligencia y recursos, en materia de fuerzas de seguridad y de justicia entre el gobierno nacional y nuestra Provincia. Esa es la única manera de enfrentar y derrotar al narcotráfico”, concluyó